En una Iglesia tán grande y con tantos seguidores, como la Católica, cuando sucede algún tipo de escándalo, éste es igualmente proporcional y medíático. Las autoridades del país Vaticano han tenido que soportar muchos problemas que se han venido “destapando” desde los años ’90. Ratzinger y Bergoglio han tenido que ingeniárselas para poder salir adelante de la mejor manera posible.
ABUSOS SEXUALES A MENORES
Las víctimas van desde los 3 años, involucrando la mayoría de los casos niños de entre 11 y 14 años de edad. Estos crímenes pueden incluir sexo anal y/o penetración oral. Los casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países, resultando en la persecución de los pederastas y demandas civiles contra las diócesis de la Iglesia Católica.
Muchos de los casos salen a la luz pública varias décadas después de los hechos. Las demandas ante las autoridades han sido hechas también contra la jerarquía católica, quien en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones, además de no reportar y de hecho encubrir a los sacerdotes pederastas, moviéndolos de parroquias para evitar su detención y juicio.
A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado el número de denuncias por abuso sexual infantil en todas sus variedades por parte de religiosos católicos romanos. En los últimos años, han cobrado relevancia los casos de Irlanda, Estados Unidos y Alemania, donde las autoridades locales han encontrado culpables a sacerdotes católicos de cientos de acusaciones de pedofilia. El escándalo ha alcanzado a congregaciones como la Legión de Cristo; ocasionó la renuncia de los obispos irlandeses de Cloyne, John Magee, y de la diócesis de Kildare y Leighlin, James Moriarty, quienes reconocieron haber sido negligentes ante las denuncias de pedofilia por sacerdotes en sus diócesis; y ha llevado a la cárcel a varios sacerdotes católicos romanos. En abril de 2010, Roger Joseph Vangheluwe dimitió como obispo de Brujas por haber abusado sexualmente de un joven cuando era sacerdote y al comienzo de su episcopado.
Organizaciones de víctimas de pedofilia han señalado que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI tienen algún grado de responsabilidad al haber encubierto abusos, o bien omitido las denuncias. El Vaticano, por la voz de Benedicto XVI, ha condenado la pedofilia y reconocido los casos que han llevado al escándalo por esta causa en los últimos años de la primera década del siglo XXI. A través de un comunicado dirigido a los católicos de Irlanda, el máximo jerarca católico ha reconocido la actuación “insuficiente” del Vaticano hacia los casos de pedofilia denunciados y reconoció que se trató de actos criminales que dañaron a las víctimas y han dañado la imagen de la Iglesia en el mundo; actos por los cuales los sacerdotes “deberán responder —dijo el papa— ante Dios y los tribunales debidamente constituidos”.
Ratzinger también inició un proceso contra Marcial Maciel por acusaciones de pedofilia. En el 2006, cuando ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud, ordenándole el retiro del sacerdocio público para consagrarse a una vida de «oración y penitencia». Desde 1990, más de un centenar de miembros de la Iglesia Católica australiana han sido condenados por abusar sexualmente de un millar de víctimas, según la organización Broken Rites.
De acuerdo a estudios de Philip Jenkins, profesor de Historia y Estudios Religiosos en la Universidad de Pensilvania, el 99,8 % de los sacerdotes católicos nunca se han visto implicados en este tipo de comportamientos delictivos y no existe evidencia de que la pedofilia sea más común entre el clero católico, que entre los ministros protestantes, los líderes judíos, los médicos o miembros de cualquier otra institución en la que los adultos ocupen posiciones de autoridad sobre los niños. Aunque por otra parte, el valor de las estadísticas en este caso es relativo, puesto que el método estadístico solo puede basarse en casos declarados. Sin embargo, el fenómeno de abuso tiende a ser silenciado debido al carácter de culpabilidad que tiene para el que lo comete, y al carácter vergonzante que tiene para el que lo padece. Por lo tanto los estudios de Jenkins, si bien han de ser tenidos en cuenta, son técnicamente relativos.
Por otro lado, un informe de la BBC de 2004, declara que en los Estados Unidos el 4 % del clero católico de ese país ha estado implicado en prácticas sexuales con menores, en número aproximado de 4000 sacerdotes durante los últimos 50 años aunque solo entre el 5 y el 10 % de las víctimas denuncia el caso, según Bárbara Blaine, presidenta de la Red de sobrevivientes de abusados por sacerdotes (SNAP) de los EE.UU.
La mayoría de los casos se presentaron en seminarios sacerdotales, escuelas y orfanatos en donde niños y adolescentes estaban bajo el cuidado del clero. La publicación de numerosos escándalos creó una fuerte crítica hacia la jerarquía de la Iglesia, especialmente por la actitud que algunos obispos y superiores religiosos asumieron frente a las evidencias del hecho limitándose a llamados de atención privados y el traslado del infractor a otros sitios, mientras se guardó una indiferencia sistemática frente a las víctimas, lo que llevó a la conclusión de que los superiores de los infractores estaban encubriendo el crimen. Por otra parte, muchas denuncias fueron falsas y aprovechadas por ciertos sectores opositores de la Iglesia.
VATILEAKS
Ya a finales de 2011 se comenzó a hablar de Il Corvo (el Cuervo), nombre dado a la persona que robó y filtró los documentos que acabaron publicados en el libro “Sua Santita”, de Gianluigi Nuzzi. Pero fue a partir de enero, del año siguiente, cuando se desató el escándalo. Un canal de televisión italiana publicó unas cartas enviadas a Benedicto XVI por el nuncio en Estados Unidos y ex secretario general del Gobierno de la Ciudad del Vaticano, Carlo Maria Viganó, en las que denunciaba la “corrupción, prevaricación y mala gestión” en la administración vaticana.
Viganó denunciaba que los banqueros que integran el “Comité de finanzas y gestión” del Vaticano se preocupaban más de sus intereses que de los generales de la Iglesia, y que a finales de 2009 en una operación financiera se habían perdido unos 2,5 millones de dólares. En otra de esas misivas reveló que la Fábrica de San Pedro, que se encarga del mantenimiento de los edificios vaticanos, presentó una cuenta “astronómica”, de 550.000 euros, por la construcción del Portal de Belén que se colocó en la plaza de San Pedro en 2009.
Tras estas informaciones, otros medios denunciaron la existencia de un complot para asesinar a Benedicto XVI, y que el documento que lo atestiguaba fue entregado en el Vaticano por el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos.
Fue el portavoz vaticano, Federico Lombardi, quien reconoció la existencia de ese documento, pero afirmó que era evidente “que se trata de un disparate”. El jesuita denunció la existencia de “una especie de Wikileaks para desacreditar a la Iglesia“. De ahí surgió el nombre de “Vatileaks”. Con todos estos documentos en su poder, Benedicto XVI creó una comisión cardenalicia presidida por el español Julián Herranz para esclarecer las filtraciones. Dicha comisión que interrogó a una treintena de personas.
El 19 de mayo de 2012, el escándalo estalló en toda su plenitud, luego de salir a la venta en las librerías “Sua Santita”, el libro de Gianluigi Nuzzi que recogía más de un centenar de documentos reservados enviados al papa y a su secretario, George Ganswein, y a la Santa Sede que desvelaban tramas e intrigas de poder en el Vaticano. El 23 de mayo el mayordomo del pontífice, Paolo Gabriele, de 46 años, fue detenido por la Gendarmería italiana tras encontrar en su domicilio miles de documentos fotocopiados y muchos originales enviados al Pontífice, algunos de los cuales estaban publicados en el libro de Nuzzi. Dos días después también fue detenido el informático que trabaja en la Secretaría de Estado, Claudio Sciarpelletti, de 48 años. La policía encontró en su escritorio un sobre con documentos que supuestamente le había dado Gabriele. El juez instructor del caso, Piero Antonio Bonnet, ordenó que Gabriele fuera juzgado por robo con agravantes y Sciarpelletti por encubrimiento. El 29 de septiembre comenzó el juicio más mediático de la historia de la Iglesia.
El Tribunal vaticano presidido por Giuseppe Dalla Torre condenó a Gabriele a 18 meses de cárcel. Sciarpelletti fue juzgado posteriormente y el 10 de noviembre, fue condenado a dos meses de cárcel, con la suspensión de la pena. Durante el juicio, Gabriele dijo que actuó “por exclusivo amor” hacia la Iglesia y hacia el Papa y que no se veía como un ladrón. El mayordomo afirmó que la situación de “desconcierto” que veía en el Vaticano y la corrupción en la Iglesia, fue lo que le empujó a su acción, cuyo objetivo era que la publicación de los documentos supusiese un cambio en la Iglesia y ésta volviese al buen camino.
Según su declaración, el Papa es una persona “manipulable” y que hacía preguntas que demostraban que estaba mal informado. Gabriele cumple la pena en una celda del Vaticano y no se descarta que el papa le conceda el perdón. Con estos juicios el Vaticano dio por concluido el Vatileaks, aunque su Fiscalía mantiene abierta la investigación por la presunta comisión de otros delitos, como daños a la seguridad del Estado y violación de la privacidad del jefe del Estado, el Papa.
LAVADO DE DINERO
En estas pesquisas se comprueba que en el IOR existían cuentas de laicos, es decir que no todos los clientes eran congregaciones religiosas o miembros del clero, si no que se autorizó la apertura de cuentas a sujetos privados. La investigación se centra, según explica el diario “La Repubblica”, sobre todo en 13 operaciones que movieron 23 millones de euros efectuadas en septiembre de 2010 por el banco del Vaticano hacia el organismo de crédito italiano “Credito Artigiano”.
El IOR ha estado desde los años 80 envuelto en escándalos, y en los últimos años ha sido acusado de falta de transparencia. El papa Francisco nombró una comisión para investigar al banco y preparar un reforma.
SACERDOTES HOMOSEXUALES
El portal publica la transcripción del discurso de Francisco, supuestamente pronunciado el pasado 6 de junio en el encuentro con la cúpula de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos (CLAR). Ante los numerosos escándalos de corrupción y de carácter sexual, “la reforma de la Curia romana es algo que pedimos casi todos los cardenales en las congregaciones previas al Cónclave” en el que Francisco fue elegido nuevo papa. Esta reforma la “llevarán adelante” los cardenales de una comisión especial que Francisco ha nombrado como consejo de apoyo para su trabajo, entre ellos varios latinoamericanos.
El Vaticano, sin embargo, se negó a comentar de forma oficial la publicación del discurso. “Fue un encuentro privado, no tengo nada que comentar”, dijo el portavoz de la Santa Sede católica, Federico Lombardi, a la agencia AFP. A principios de año, la prensa italiana difundió una filtración de documentos privados del Vaticano. La filtración ponía al descubierto varios casos de corrupción e intentos de chantaje contra clérigos homosexuales en el Vaticano, así como favoritismo basado en relaciones gays.